La Direcva Whistleblower se tenía que instalar en nuestro país a finales de enero 2022. Sin embargo, se vio atrasada sobre todo por el paso de la pandemia del Covid-19.

A partir del 13 de marzo de 2023, la directiva entra en vigor para empresas del territorio español para proteger a aquellos profesionales que denuncien casos de acoso laboral, hasta delitos de corrupción o malversación.

Todas aquellas organizaciones con menos de 250 profesionales tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023 para aplicar el Canal de Denuncias dentro de su organización. Para el resto de las empresas, el plazo baja hasta tres meses desde la entrada en vigor de la normativa.

Esta normativa se presenta como. un instrumento clave para proteger aquellos trabajadores/as que den a conocer actividades irregulares o ilegales, siempre y cuando se consideren como graves o muy graves dentro del ordenamiento jurídico.

La normativa Whistleblower o de Canal de Denuncias contempla como infracción a nivel europeo:

· Aquellas que entren en el anexo de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.

· Aquellas que afecten a los intereses financieros de la UE, especificadas en el Artículo 235 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

· Aquellas infracciones en materia de competencias y ayudas otorgadas por los Estados.

· Aquellas que sean infracciones penales o administrativas de carácter grave o muy grave, que impliquen quebranto económico para Hacienda y la Seguridad Social.

Sin embargo, la protección contemplada en esta normativa no se contempla en cuanto a casos donde sea vea involucrada información confidencial o clasificada. Tampoco aquellos casos donde se vea involucrada la protección del secreto profesional (para profesionales de la medicina o abogacía), así como el deber de confidencialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Ley de Protección del Denunciante protege a aquellas personas que tengan condición de:

· empleados/as públicos o trabajadores por cuenta ajena
· autónomos/as
· accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración
· dirección y supervisión de una empresa, incluidos miembros no ejecutivos
· cualquier persona que trabaje bajo la supervisión de contrastas, subcontratistas y proveedores.

De esta manera, se considera válido de aplicación cualquier caso de denuncia de infracción laboral ya sea:

· dentro de una relación laboral ya finalizada
· dentro de una relación laboral que aún no haya empezado y que hayan presenciado infracciones en el proceso de selección o negociación
· personas con categoría de voluntarios/as, becarios/as, trabajadores/as en formación
· representantes legales de personas trabajadores en función de asesoramiento y apoyo
· personas físicas que asistan al informante en el proceso de denuncia
· personas físicas como familiares o compañeros/as de oficio, que puedan sufrir represalias por las acciones del informante
· personas físicas que tengan capacidad de influencia en la persona jurídica participada.

Como sucede con muchas leyes de recursos humanos, la finalidad de la Directiva Whistleblower no puede limitarse exclusivamente a una sola área. Lo que sí se sabe desde ya, es que esta norma busca garantizar la transparencia y combatir la corrupción tanto en el ámbito público como en el privado.

Para que esto suceda, propone generar canales de comunicación específicos, modalidades y metodologías para que empleados y ex empleados del sector privado, así como funcionarios y exfuncionarios del sector público y trabajadores, puedan denunciar irregularidades e incumplimientos de diferentes leyes o violaciones a los derechos.

Algo similar a lo que sucede con las denuncias anónimas que conllevan a las inspecciones de trabajo o demandas laborales, solo que en mayor escala y con un protocolo propio que parte de la propia Unión Europea. La definición de Whistleblower, no es nada más que un anglicismo que, de ser traducido literalmente, puede describirse como una persona que “sopla un silbato”.

Es decir, que da la voz de alerta frente una irregularidad, es decir, es un denunciante.

Este es el punto principal de apoyo de la directiva que busca, además, reforzar y proteger el estatus de estos denunciantes anónimos que, en la actualidad, carecen de cualquier tipo de protección frente a represalias, desde el punto de vista legal.

La ley no solamente se centra en proteger a trabajadores, sino que abarca también a accionistas, inversores, miembros de órgano de administración, trabajadores en prácticas, personal subcontratado, proveedores. Y, al mismo tiempo, protege a terceros relacionados con el informante en cuestión, en caso de amenazas o represalias.

La Directiva Whistleblower establece la existencia de dos tipos de denunciante, el formal y el anónimo. En ambos casos, las personas serán susceptibles de la debida protección en caso de ataques o amedrentamientos contra su integridad física, propiedad o la de terceros.

Respecto a las denuncias, estas deben ser siempre fidedignas y comprobables. En ningún caso pueden ser mal intencionadas, abusivas o realizadas con información de acceso público. Las denuncias deben realizarse utilizando canales específicos siendo válido, prácticamente, cualquier tipo de soporte: escrito, verbal, telefónico, electrónico, etc.

Las infracciones contempladas en la sección IX de la publicación del BOE consideran las infracciones cometidas por personas jurídicas o sicas de leves, graves o muy graves. Por ejemplo, una infracción muy grave es la adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes, y por otra parte, el mismo incumplimiento de disponer de un sistema interno de información. Las infracciones muy graves prescribirán tres años.

En cuanto a las infracciones graves, estas se dan por ejemplo si se no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y sestero de las  informaciones. Estas infracciones graves por norma prescribirán dos años.

En cuanto a las sanciones de naturaleza leve, se ha establecido que prescribirán seis meses y contemplan precisamente aquellas infracciones no especificadas como graves o muy graves.

Si las infracciones están realizadas por personas físicas, las infracciones leves van desde los 1.001 hasta los 10.000 euros. Las infracciones graves de 10.001 hasta los 30.000 euros, y las muy graves de 30.001 hasta 300.000 euros.

Si estas infracciones son por personas jurídicas, la cuantía por infracciones leve sube hasta los 100.000 euros, las de carácter grave van desde los 100.0001 euros hasta los 600.000 euros. En caso de sanciones muy graves, estas oscilan este 600.011 y 1.000.000 de euros.

Autor: Felipe Valenzuela de Factorial